Reformita. /08/11/2011

Finalmente, tras meses de discusión y cinco sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó la mal llamada reforma política, y aunque algunos legisladores celebran con bombo y platillo su aprobación, las reformas constitucionales alcanzadas son sumamente limitadas y enfrentan un engorroso proceso legislativo y un incierto futuro.
Como escribí en estas páginas hace algunas semanas, lo discutido por los diputados a propuesta de los senadores fue una miscelánea de reformas constitucionales, que de ninguna manera representan un cambio en el régimen presidencialista de nuestro país, ni un cambio en las relación entre poderes y de éstos con los ciudadanos, y si bien se facultó al Congreso para ratificar a los titulares de los órganos reguladores del Estado, se frenó el intento de conculcar la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados en materia presupuestal al frenar la posibilidad de veto del Ejecutivo, se eliminó la cláusula de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se crearon —con muchas limitaciones— figuras de la democracia directa, como las candidaturas independientes y la iniciativa ciudadana, que terminan con el monopolio de los partidos sobre la representación popular y la iniciativa legislativa; el asunto aún no está resuelto.
El dictamen aprobado modificó, de manera sustancial, prácticamente en su totalidad la minuta aprobada por unanimidad en el Senado, por lo que ahora deberá ser revisado por los senadores y, en caso de no coincidir con lo acordado con los diputados, reiniciar el proceso legislativo, en tanto que lo que no se modificó en la Cámara de Diputados y sea aceptado por el Senado deberá publicarse para continuar con el proceso de reforma constitucional que requiere ser aprobada por la mayoría de las legislaturas locales, lo cual no estará exento de trabas y oposición de algunos gobernadores que se niegan a aceptar parte de las reformas, en especial las vinculadas con la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (iniciativa ciudadana y candidaturas independientes).
El debate arrojó un saldo desfavorable a la de por sí limitada reforma, donde fue más lo que se rechazó que lo aprobado: la revocación de mandato, la reelección consecutiva de legisladores, el dotar a los congresos de los estados para legislar sobre reelección de diputados locales y presidentes municipales, entre otros asuntos.
Un tema que ha despertado especial polémica fue el relativo al rechazo a los términos en que se planteó el establecimiento de la consulta popular como prerrogativa de los ciudadanos. Ésta, que representa una de las demandas histórica de las izquierdas en los debates sobre reforma del Estado, permitiría abrir un espacio a la participación de los ciudadanos en los asuntos y decisiones públicas, y significaba, en los términos propuestos, una gran simulación, ya que, pese a que se disminuyeron los umbrales de los requisitos para convocar por parte de los ciudadanos y hacer vinculante la consulta y obligatorio su resultado, los requisitos eran profundamente restrictivos, pues se requería de al menos 850 mil firmas de ciudadanos para convocar cualquier consulta, siempre y cuando no fuera en año electoral, y que participaran al menos 19 millones 600 mil ciudadanos para hacerla vinculante, lo que en los hechos la anulaba.
Por ello es importante reflexionar acerca de la necesidad de avanzar no sólo en reformas profundas que modifiquen las bases constitutivas de nuestro régimen político y garanticen la participación ciudadana en los asuntos públicos, sino además de establecer nuevas prerrogativas de los ciudadanos, que se generen las condiciones para que éstos sean ejercibles y no, como sucede con algunos derechos establecidos en nuestra Carta Magna, que se conviertan en letra muerta.