Recursos y transparencia en los estados

De un fenómeno que permitió que algunos funcionarios públicos se transformaran en una nueva clase próspera de empresarios privados.
Y de muchas otras anécdotas truculentas y escalofriantes. En suma, de una tragedia nacional.
Pero es importante ser más precisos al respecto, ya que es necesario reconocer los cambios que han ocurrido en esta materia en el tiempo. A nivel federal, durante las últimas dos décadas se han dado pasos importantes tendientes a modificar esta historia, y que en cierta forma han ido de la mano con los progresos en nuestra vida democrática y de un papel más activo, al menos de una parte de la sociedad civil.
La creación de organismos o entidades encargados de promover la rendición de cuentas y una mayor transparencia en la información han sido pasos en la dirección correcta, aunque no suficientes.
Sin embargo, a nivel estatal los avances han sido mucho más lentos y muy desiguales entre cada una de las Entidades en el país. Esta no es una historia nueva ni nada que no se sepa públicamente. Pero los más recientes escándalos vuelven a poner el tema sobre la mesa.
Sólo como ejemplo hay que recordar los casos de Coahuila y Zacatecas, que han llenado titulares y otras notas en los medios durante los últimos meses. También podemos hacer referencia a administraciones pasadas en Veracruz y Oaxaca.
Pero el escándalo más reciente se ubica en Puebla, en donde la administración de Moreno Valle ha decidido hacer rendir cuentas a los ex funcionarios de la administración anterior del tristemente célebre “gober precioso” Marín. Hace unos días se anunció la detención del ex secretario de Salud, Alfredo Arango, y días después se anunció otro caso referido al ex secretario de Obras Públicas, Javier García Ramírez, quien por cierto se encuentra prófugo. De acuerdo al diario local Cambio, un total de 25 ex funcionarios de la administración marinista habrían solicitado juicios de amparo y de protección de garantías por presuntas investigaciones en su contra. En todos los casos se habla de malversación de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y corrupción. Nada de esto sorprende y siempre fue un “secreto” público que durante el gobierno de Marín se dio rienda suelta a excesos, compadrazgos y falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Lo que sorprende es que las acusaciones sean por cantidades irrisorias, aunque por desgracia puede que sean las únicas comprobables.
Pero más allá de tal o cual Estado, o de tal o cual personaje, el problema que aquí discuto es mucho más profundo, e incluso estructural. Parte se refiere al tema del federalismo fiscal, pero otra parte a la falta de una estructura institucional adecuada que garantice el uso eficiente y transparente de los escasos recursos públicos, particularmente a nivel estatal.
En relación al primer tema, hay que reconocer que si bien tenemos un sistema federal, los criterios administrativos nacionales que se manejan son más parecidos a los de un gobierno centralizado del pasado. Pero en este tema la responsabilidad es compartida entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.
Para el primero puede resultar útil no perder el control de buena parte de los recursos públicos mientras que para los otros resulta cómodo no tener que recurrir a medidas generalmente impopulares que implican un mayor esfuerzo de recaudación fiscal. En este complejo esquema de complicidades, el gran perdedor es el contribuyente.
Este es un juego que no parece tener fin y que conduce a un círculo vicioso. Sólo hay que recordar que durante varios años de la década pasada se transfirieron crecientes sumas a los Estados como consecuencia del alto precio del petróleo y estos recursos son los que alimentaron las arcas de los gobiernos de Oaxaca, Veracruz o Puebla.
Es necesario insistir que este problema no se resolverá si no se atienden principios básicos como, por ejemplo, el reconocer que la solución al excesivo centralismo fiscal requiere de mayor responsabilidad fiscal a nivel local, sustentada en una división de potestades tributarias congruentes con la eficiencia económica. También es crucial una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades hacia los ciudadanos para mejorar la efectividad del gasto público, pero también para evitar el despilfarro y las fugas de estos recursos. En este marco, es necesario aclarar las responsabilidades de cada orden de gobierno en las áreas en que actualmente existe concurrencia. Los Estados tienen que realizar un verdadero esfuerzo recaudatorio y la federación tiene que soltar varias de sus facultades en la materia. Pero esto tiene que ocurrir en un marco congruente y responsable, evitando la decisión fácil y populista como ha sucedido con el impuesto a la tenencia de automóviles, y que seguramente tendrá efectos no deseados en el futuro.
Finalmente, es necesario enfatizar que este proceso no sólo requiere de modificar el marco legal, sino que es crucial construir las instituciones que garanticen el uso eficiente y transparente de estos recursos. Mientras esto no suceda, seguiremos viendo en los medios reportes de escándalos como a los que me he referido arriba.
Twitter: @favillagomez