Otra vez, el duopolio ataca

Como hace exactamente seis años en que diseñaron e hicieron aprobar una reforma legal que los colmaba de privilegios y ventajas competitivas (la Ley Televisa), el duopolio de la televisión aprovecha de nuevo la época electoral —como el mayor momento de necesidad de partidos y candidatos— para conseguir la aprobación de su fusión en el negocio de la telefonía móvil, a partir de la intimidación, el linchamiento mediático, el chantaje informativo, la presión política. Atacan de nuevo.
De manera vergonzosa se repite la historia, participan casi en su totalidad los mismos actores aunque algunos en diferentes puestos, y parece que nada se aprendió de aquel hecho ominoso que reveló el poder de un par de empresarios que usan como cañón la pantalla de la TV para apuntalar y expandir sus negocios y desnudó la mediocridad de una mayoría legislativa rendida ante ellos.
A diferencia de entonces cuando actuó con todo valor y oportunidad, hoy la Comisión Federal de Competencia —a cuya función corresponde autorizar o no esa fusión— titubea en la decisión de negarla aún consciente del enorme daño que significaría para la materia que regula, y según se sabe ello deriva de la presión que por partida doble enfrentan los comisionados de ese órgano, la que realizan las televisoras y la que adicionan directamente varios secretarios del gobierno federal. Es presumible que lo hacen con autorización del Presidente de la República.
En México, dentro del servicio público es presionado el que se deja presionar y quien cede a la presión regularmente actúa por intercambio de algo, tiene conductas reprochables o es un pusilánime. ¿A cambio de qué se justificaría autorizar la mayor concentración televisiva que existiría en el mundo, si se aprueba la fusión Televisa-Iusacell? ¿Alcanza hasta nuestros días la deuda del gobierno con las televisoras por la elección del 2006 para seguirles dando más y más? ¿O están chantajeando las televisoras a los comisionados con faltas personales o administrativas? No descarto tampoco la falta de valor.
La Cofeco sabe que tiene en sus manos la decisión más importante desde su creación, porque nunca se había presentado tal amenaza a la política de competencia del Estado mexicano, contenida en el artículo 28 constitucional que exige —para el otorgamiento de concesiones sobre bienes del dominio de la nación— asegurar la eficacia en la prestación de los servicios, garantizar el uso social y evitar fenómenos de concentración.
Está absolutamente documentada la dominancia que Televisa y TV Azteca ejercen en el mercado de la televisión abierta, y es absurdo suponer que los que se habrán de asociar en el mercado más importante y rentable en ingresos que es la telefonía, van a mantenerse separados y no coludidos en el manejo televisivo. De hecho, en medio del proceso por el que se estudia autorizarles la fusión, tuvieron el descaro de coludirse para expulsar de sus pantallas la publicidad de Telmex y de Dish, el primero operador dominante en telefonía y el segundo competidor de Sky en la televisión satelital. Si eso hicieron cuando estaba en vías de aprobación la fusión, ¿qué no harán si se les autoriza?
Acostumbrados a que se haga su voluntad, envalentonados como en ninguna época, y seguros de que la clase política guardará silencio mientras pasan las elecciones —como ya vemos que lo hacen todos los precandidatos—, dieron pasos para consumar la operación de esa sociedad desde hace más de un año en que subrepticiamente firmaron una carta de intención que comprometió desde entonces recursos y directivos de Televisa en la empresa telefónica, maniobra a la que Miguel Ángel Granados Chapa echó la luz, ni más ni menos que el 23 de enero del año pasado.
Por ello, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información —al exigir que se rechace esa fusión por “notoriamente improcedente”— también ha pedido investigarla de oficio y sancionarla conforme a la ley porque “se produjo sin la aprobación de la autoridad, se anunció ante autoridades financieras de Estados Unidos y México (lo cual trae especulación y alzas en las acciones de las empresas) y ya ha comenzado a operar en la realidad con la fusión de intereses creados en el negocio de la televisión”. De hecho, Televisa ya colocó a directivos en el Consejo de Administración de Iusacell. Se trata a todas luces de decisiones corporativas al margen de la ley.
En distintos foros, artículos y entrevistas he señalado que esa fusión representaría el retroceso en materia de competencia económica pero mucho más en materia de libertad de expresión y libertad de información para todos los mexicanos. En realidad el duopolio televisivo pasaría a ser un monopolio televisivo. Qué gran cosa sería que este día la Cofeco —que preside Eduardo Pérez Mota— recuperara el músculo que tuvo el 8 de diciembre de 2005 cuando por su opinión, que no resolución, alertó vigorosamente al país sobre las graves violaciones de la Ley Televisa. Y nosotros, celebrémoslo en honor de Miguel Ángel Granados Chapa y por México.